En marcha auditoría total en sistema educativo público de Honduras

Tegucigalpa,

Honduras

La gestión de la Secretaría de Educación en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa está en la mira de los entes contralores y fiscalizadores del Estado.

Las denuncias de irregularidades en las gestiones de los ministros de esta cartera ministerial: Alejandro Ventura y Marlon Escoto, están siendo investigadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP).

Al menos existen 25 denuncias que se han interpuesto por distintos hechos, supuestamente constitutivos de delitos, la mayoría en la gestión de Ventura.

Entre estos hechos está la remodelación de la oficina de la gerencia administrativa y la del ministro, con costos sobrevalorados y detalles de lujo, y el pago de alquiler de edificios sin hacer uso de ellos, como el inutilizado inmueble de seis pisos denominado Maranata, en la capital, por el cual se cancelaron 120,000 lempiras mensuales en 2010.

También hay contratos de alquiler supuestamente amañados de sedes administrativas de esta cartera ministerial y centros educativos.

Asimismo, está la compra de un lote de 40,000 pupitres a un valor de 22 millones de lempiras, es decir, a un costo de 550 lempiras la unidad, cuando el valor real de cada uno oscila en los 400 lempiras; además de cobrar el 10 por ciento, más comisión.

Está también el pago del 20 por ciento por comisión para el suministro de material de oficina y aseo a un solo proveedor.

Se denunció una malversación de fondos en concepto de pagos a empleados por contrato y jornales. Igualmente, en las partidas de combustible para vehículos nacionales y particulares hay despilfarro en la merienda escolar y matrícula, así como mal uso de becas estudiantiles.

Uso de partidas de viáticos con fines recreativos en viajes al interior y exterior, los fines de semana y feriados, beneficiándose autoridades de la pasada y actual gestión en Educación.

Planillas y tráfico

Otras denuncias refieren a una supuesta manipulación de las planillas de escalafón del magisterio, se “inflan” con nombramientos fantasmas, docentes con nombramientos en tres plazas, hasta sin poseer título.

Para el caso, se indaga cómo Educación colocó en un banco de datos a 2,000 maestros con la categoría de desconocidos.

Otro de los casos que se confirma es el presunto abuso del exviceministro Juan Carlos Contreras, al asignarse plazas en el sistema.

Otro refiere a plazas asignadas a amigos de Ventura, que aparte de ocupar cargos importantes en Educación poseen hasta tres plazas sin cumplir dichas funciones.

Relacionado con la anterior, se indaga si Escoto devenga doble salario en un mismo horario, al ser ministro de Educación y rector de la Universidad de Agricultura.

Se investigan denuncias de tráfico y venta de plazas, a un costo de 10 mil dólares, en promedio.

La Asociación Hondureña de Padres de Familia interpuso la mayoría de las denuncias. Andrés Martínez, presidente de dicho organismo, lamenta que por estas irregularidades los fondos que se asignan a esta cartera ministerial resultan insuficientes para la mejora y acondicionamiento de centros educativos.

Las irregularidades afectan para que no se logre la cobertura y calidad educativa, dijo Martínez.

Los representantes de esta asociación sostuvieron recientemente dos reuniones con el fiscal general Luis Rubí y autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción, Derechos Humanos y la Niñez, para la investigación de cada uno de los casos.

Auditoría total

Por su parte, el TSC conduce actualmente una auditoría total en la Secretaría de Educación para confirmar irregularidades de tipo penal, civil o administrativo.

“En este momento se está haciendo una auditoría integral a la Secretaría de Educación Pública, no solo a los docentes”, manifestó a EL HERALDO la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.

“Nos estamos yendo a todos los que han funcionado hasta este momento como secretarios de Estado en los despachos de Educación Pública que han incumplido las recomendaciones del Tribunal y a todos aquellos exministros que emitieron resoluciones que contravenían las disposiciones legales existentes”, añadió.

Se puntualizan auditorías en las distintas dependencias de esta cartera ministerial, entre ellas las direcciones departamentales, para verificar nombramientos y asignación de plazas. Los avances de las investigaciones se traducen en notificación de informes, los primeros de ellos remitidos a Ventura, referidos a casos de planillas “fantasmas” de maestros. “Estas personas estaban devengando un salario y no estaban frente a alumnos”, dijo.

El caso refiere a que cada mes se incrementaba la planilla de docentes a quienes se les adeudaban salarios.

Aparte de las responsabilidades antes señaladas, se investigan faltas a la ética del funcionario, que implica sanciones morales.

Las auditorías serán notificadas a quienes resulten responsables y para información al presidente Porfirio Lobo y autoridades educativas, para que por su lado apliquen las sanciones y acciones correctivas pertinentes.

Reparos en suspenso

Por otra parte, la notificación de responsabilidades civiles a unos 12,000 docentes que recibieron pagos irregulares de salario está en suspenso. Por falta de presupuesto, el TSC paralizó de manera temporal la notificación de reparos a los señalados.

Hace cinco años el TSC condujo un censo en el sistema educativo público.

Producto del mismo se concluyó la existencia de un despilfarro de 1,380 millones de lempiras por pagos efectuados a unos 12,000 docentes por concepto de zonaje y calificación académica, entre otros, sin sustento documental.

A la fecha solamente fueron notificados 1,387, de los que se está en proceso para resarcir daños ocasionados al Estado. Para reactivar el proceso el TSC requiere aproximadamente seis millones de lempiras para contratar personal y formular las notificaciones de responsabilidad civil.

El tema fue abordado por el pleno de magistrados del ente contralor, para buscar una salida a esta problemática.

Ver más noticias de Al Frente

( )